El corazón de la operación estaba en el penal de Lisandro Olmos, donde Hugo Carlos Miguel, de 62 años y condenado a 30 años de prisión por homicidio, realizaba los llamados bajo la falsa identidad del "subcomisario Gutiérrez", nombre tomado de un personaje de ficción. Sus víctimas eran en su mayoría adultos mayores con teléfono fijo, a quienes alertaba sobre supuestos familiares detenidos tras atropellar a una mujer embarazada o les pedía que cambiaran dólares ante un ficticio anuncio económico. El monto promedio exigido rondaba los 16 millones de pesos.

La inteligencia previa la aportaban reclusos alojados en las Unidades Penales N° 44 y N° 15 de Batán: Franco Isaías Miguel y Jonathan Villalba recopilaban datos patrimoniales de potenciales víctimas y los transmitían a la celda de Olmos. La investigación determinó que trabajaban con bases de datos de personas.

La pesquisa comenzó en julio, cuando un hombre en Mar del Plata sospechó de un intento de estafa y lo frustró. A partir del rastreo de cámaras de seguridad y antenas telefónicas, los detectives de la DDI Mar del Plata y La Plata vincularon ese episodio con otros delitos. El caso se agravó días después, cuando un grupo de encapuchados irrumpió en una vivienda de la calle Artigas, manató a una mujer de 70 años, le provocó cortes en los pies y huyó con 600.000 pesos. Por ese hecho fue detenido Alejandro Rosales Demetrio, cuyo celular resultó clave para trazar la estructura completa de la red.

El análisis del dispositivo secuestrado a Miguel reveló que entre marzo y octubre se activaron 11 tarjetas SIM diferentes y se realizaron casi 20.000 llamadas salientes. La actividad se concentraba de lunes a sábados, entre las 9 y las 17, con un promedio diario superior a tres horas continuas en línea. Para el fiscal Moyano, ese ritmo sostenido resulta incompatible con las condiciones de una celda colectiva, lo que lleva a sospechar que los internos contaban con un espacio físico diferenciado y con la anuencia de funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Las comunicaciones alcanzaron ciudades de varias provincias, entre ellas Río Gallegos, Ushuaia, Tandil, Tres Arroyos y Corrientes, y uno de los chips fue rastreado en Uruguay. Moyano presentó un pedido formal para prohibir el uso de telefonía celular en los establecimientos penitenciarios y trazará ahora la ruta del dinero que manejó la organización.

¿Qué cambios en la política penitenciaria considerás necesarios para evitar que los penales funcionen como centros de operaciones delictivas?