Cristian Leonardo Rodríguez ya estaba preso y procesado por usar documentación falsa, ejercer ilegalmente la medicina, estafas y abandono de persona cuando una nueva denuncia cambió el alcance de la causa. Una mujer identificada como B. declaró ante la Justicia que el 21 de abril de 2025 se sometió a una ecografía mamaria y otra transvaginal en los Consultorios Médicos Moliere, en Versalles, convencida de que quien la atendía era un profesional habilitado.

La mujer había llegado al lugar a principios de abril por una infección en una mama. Una ginecóloga del mismo centro le indicó ambos estudios y le informó que podían realizarse allí. Pagó 16.000 pesos por cada práctica. Al entrar al consultorio donde la atenderían notó algo extraño: el ambiente tenía aspecto odontológico. Rodríguez le pidió que se desvistiera, no le ofreció nada con qué cubrirse y permaneció en el cuarto durante todo el procedimiento. Cuando terminó, ella tuvo que limpiarse delante de él.

La verdad llegó un mes después. El 26 de mayo de 2025, la Policía Federal allanó el consultorio y detuvo a Rodríguez mientras atendía pacientes. Una conocida de B. le envió por WhatsApp una publicación sobre el operativo. "Vi su foto y lo reconocí por la contextura física", declaró la mujer. Al revisar los informes que había recibido, comprobó que estaban firmados por él, con un sello que lo presentaba como médico de la UBA, dopplerista y ecografista.

"Cuando me enteré, sentí mucho enojo, mucha bronca. En la desconfianza que me genera de ahora en más hacerme estudios. Te queda un trauma, porque no sé quién me va a atender", contó B. ante la Justicia.

El juez Casanello resolvió en una resolución de casi cuarenta páginas que el engaño fue determinante. Consideró que B. aceptó las prácticas porque creía estar frente a un profesional habilitado, y que ese error afectó su capacidad de decidir libremente. Encuadró la ecografía transvaginal como abuso sexual con acceso carnal, figura prevista en el artículo 119 del Código Penal. El juez señaló que el consultorio en su conjunto, con sus empleados, equipamiento y la propia ginecóloga que derivó a la paciente, funcionó como un montaje para sostener la falsa identidad de Rodríguez.

Rodríguez ejerció ilegalmente la medicina desde 2014. Una de las acusaciones previas más graves involucra la muerte de una jubilada a la que atendió en el Hospital Municipal San Cayetano y en su domicilio.

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